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Esta es una traducción de la página original en inglés.

Daños desde La Haya

por Richard Stallman, junio de 2001.

Los europeos se han opuesto enérgicamente y han logrado frustrar el intento de introducir patentes de software en Europa. La propuesta de un tratado, que actualmente se está negociando, amenaza con someter a los desarrolladores de software en Europa y otros países a las patentes de software de EE. UU., como así también a otras leyes perjudiciales provenientes de todo el mundo. El problema no es sólo para los programadores, autores de todo tipo se enfrentarán a nuevos peligros. Incluso las leyes de censura de varios países podrían tener un efecto global.

En realidad el Tratado de La Haya no se refiere directamente a las patentes, ni al copyright, ni a la censura, pero afecta todas estas áreas. Es un tratado acerca de la jurisdicción, y de cómo un país debería tratar las decisiones judiciales de otro país. La idea básica es bastante razonable: si alguien golpea nuestro automóvil en Francia o rompe un contrato con nuestra empresa francesa, lo podemos demandar en Francia y luego presentar la sentencia a un tribunal de cualquier país donde dicha persona resida (o posea activos) para hacerla cumplir.

El tratado se convierte en un problema cuando se extiende a la distribución de la información, porque la información hoy en día se transmite normalmente y de manera predecible a todos los países (Internet es uno de los medios, pero no el único). La consecuencia es que una persona podría ser demandada a causa de alguna información que ha distribuido según las leyes de cualquiera de los países firmantes del Tratado de La Haya, y la sentencia probablemente se haría cumplir en su país.

Por ejemplo, si alguien publica un paquete de software (libre o no) en Alemania, y hay gente que lo usa en EE. UU., quien lo publicó podría ser demandado por infringir alguna absurda patente de software de EE. UU. Esta parte no depende de La Haya, podría suceder ahora, aunque ahora quien publicó el paquete puede pasar por alto la sentencia de EE. UU. y permanecer a salvo en Alemania, y el dueño de la patente lo sabe. En cambio bajo el Tratado de La Haya cualquier tribunal alemán tendría que ejecutar la sentencia emitida en EE. UU. contra la persona que publicó el software. De hecho, las patentes de software de cualquier país signatario se aplicarían a todos los países signatarios. No es suficiente mantener las patentes de software fuera de Europa si las patentes de software de EE. UU., Japón o Egipto pueden llegar hasta allí.

Pero la ley de patentes no es el único campo de la ley que podría causar estragos si el Tratado de La Haya la globaliza. Supongamos que usted publica una declaración criticando a un personaje público. Si la declaración se lee en Inglaterra, esa figura pública podría demandarlo bajo la estricta ley de difamación vigente en el Reino Unido. Las leyes de su país pueden apoyar el derecho a criticar a una figura pública, pero con el Tratado de La Haya, no necesariamente lo seguirán haciendo.

O supongamos que usted publica una declaración comparando sus precios con los precios de sus competidores. Si esto se lee en Alemania, donde la publicidad comparativa es ilegal, usted podría ser demandado en Alemania y la sentencia llevada de vuelta al lugar donde usted se encuentre. (Nota posterior: He recibido noticias de que esta ley puede haber cambiado en Alemania. El problema sigue siendo el mismo, cualquier país podría tener tal ley, y puede que algunos otros países europeos aún la tengan).

O supongamos que usted publica una parodia. Si se lee en Corea, podría ser demandado allí, ya que Corea no reconoce el derecho a la parodia. (Después de la publicación de este artículo el Tribunal Supremo de Corea afirmó el derecho a la parodia, pero el problema general sigue en pie).

O supongamos que usted tiene puntos de vista políticos que un determinado gobierno prohíbe. Usted podría ser demandado en ese país, y la sentencia que allí se emita será aplicada donde usted vive.

No hace mucho la empresa Yahoo fue demandada en Francia por tener enlaces a sitios de EE. UU. que subastan objetos nazis, lo cual es legal en Estados Unidos. Después de que un tribunal francés ordenó a Yahoo Francia bloquear dichos enlaces, Yahoo acudió a los tribunales en EE. UU. pidiendo que la sentencia francesa no se pueda aplicar a la casa matriz con sede en EE. UU.

Puede resultar sorprendente el hecho de que disidentes chinos exiliados se unieron al caso apoyando a Yahoo. Pero sabían lo que hacían: el movimiento por la democracia en China depende de su desenlace.

El nazismo no es la única postura política cuya expresión está prohibida en ciertos lugares. La crítica al gobierno chino está también prohibida, en China. Si una sentencia contra las declaraciones pronazi emitida por un tribunal francés es aplicable en EE. UU. o en su país, probablemente una sentencia contra las declaraciones de oposición al gobierno chino emitida por un tribunal chino también lo sea (este podría ser el motivo por el cual China se ha unido a las negociaciones del Tratado de La Haya). El gobierno chino puede adaptar fácilmente su ley de censura para poder aplicar el Tratado de La Haya: todo lo que tiene que hacer es dar a los particulares (y a las agencias gubernamentales) el derecho a presentar demandas por publicaciones disidentes.

China no es el único país cuyo gobierno prohíbe las críticas. Desde que escribí estas líneas, el gobierno de Victoria (Australia) ha estado entablando una demanda para retirar de la circulación un libro titulado «La corrupción de la policía en Victoria», argumentando que «escandaliza a los tribunales». Este libro está disponible en Internet fuera de Australia. Australia participa en el Tratado de La Haya, si el tratado se aplicara a tales casos, una sentencia contra el libro emitida por un tribunal australiano podría utilizarse para suprimirlo en otros lugares.

Mientras tanto, las obras que critican el Islam se han enfrentado a una censura creciente en Egipto, país que participa en el Tratado de La Haya; esta censura también podría ser globalizada por el tratado.

Los estadounidenses pueden a su vez invocar la Primera Enmienda para protegerse de las sentencias extranjeras contra la libertad de expresión. El borrador del tratado permite que un tribunal ignore una sentencia extranjera que sea «manifiestamente incompatible con las políticas públicas». Ese es un criterio estricto, por lo que no podemos contar con él para protegernos aun cuando nuestra conducta sea legal en donde estemos. Es facultad de cada juez en particular determinar su alcance. Es poco probable que nos ayude a defendernos de las amplias interpretaciones del copyright, marcas registradas o patentes de software en el extranjero, pero los tribunales de EE. UU. podrían utilizarlo para rechazar las sentencias que sean evidentemente de censura.

Sin embargo, ni siquiera eso le ayudará si publica en Internet, debido a que su proveedor del servicio Internet (ISP) posee activos en otros países o se comunica con el mundo a través de proveedores más grandes que los tienen. Una sentencia de censura, o de cualquier otro tipo, en contra de su sitio, podría ser aplicada contra de su proveedor o contra el proveedor de su proveedor, en cualquier otro país en el que tenga activos donde no exista una declaración de derechos y la libertad de expresión no goce de una condición tan relevante como en EE. UU. Ante esto, el ISP desconectará su sitio. El Tratado de La Haya globalizaría pretextos para los pleitos, pero no las protecciones de las libertades civiles, por lo que cualquier protección local podría ser ignorada.

¿Cree que demandar al proveedor del servicio Internet es exagerado? Es algo que ya está sucediendo. Cuando la multinacional Danone anunció planes para cerrar fábricas en Francia, Olivier Malnuit abrió un sitio, jeboycottedanone.com, para criticar esa medida (el nombre del sitio en francés significa «Yo boicoteo a Danone»). Danone demandó no solo a Malnuit, sino también a la compañía de hosting y registro de nombres de dominio por «falsificación de mercancías», y en abril de 2001 se emitió una sentencia que prohibía a Malnuit mencionar el nombre «Danone» tanto en el nombre de dominio como en el texto del sitio. Aun más revelador es el hecho de que el registrador, por temor, había cancelado el dominio antes de que el tribunal dictara la sentencia.

La respuesta natural de los disidentes franceses es publicar sus críticas a Danone fuera de Francia, al igual que los disidentes chinos publican sus críticas a China fuera de China. Pero el Tratado de La Haya permitirá a Danone atacar a los disidentes dondequiera que se encuentren. Tal vez incluso este artículo podría ser suprimido a través del proveedor del servicio de Internet o a través del proveedor de su proveedor.

Los posibles efectos del tratado no se limitan a las leyes que existen en la actualidad. Cuando cincuenta países sepan que las sentencias de los tribunales podrán ser aplicadas en América del Norte, Europa y Asia, la tentación de aprobar leyes solo para tal fin será muy grande.

Supongamos, por ejemplo, que Microsoft quiera imponer el copyright sobre los lenguajes y protocolos de red. Podría dirigirse a un pequeño país pobre y hacerle la propuesta de que se compromete a invertir allí cincuenta millones de dólares al año, durante 20 años, con la única condición de que el país apruebe una ley que estipule que la aplicación de un lenguaje o protocolo de Microsoft constituye una violación del copyright. Seguramente podrían encontrar algún país que acepte la propuesta. Si luego usted implementa un programa compatible, Microsoft podría demandarlo en ese país y ganar el pleito. Cuando el juez falle en favor de Microsoft prohibiendo la distribución del programa, los tribunales de su país harán cumplir la sentencia en contra de usted según lo establecido en el Tratado de La Haya.

¿Parece poco probable? En el año 2000 Cisco presionó a Liechtenstein, un pequeño país europeo, para que legalizara las patentes de software. Y el principal responsable de un grupo de presión de IBM amenazó a muchos gobiernos europeos con retirar sus inversiones si no apoyaban las patentes de software. Mientras tanto, el representante comercial de EE. UU. presionó a Jordania para que autorizara las patentes sobre las matemáticas.

Una asamblea de organizaciones de consumidores (http://www.tacd.org) recomendó en Mayo de 2001 que las patentes, copyright y marcas registradas («propiedad intelectual») deberían excluirse del Tratado de La Haya porque tales leyes varían considerablemente de un país a otro.

Es un buena recomendación, pero resuelve solamente una parte del problema. Las patentes y las desconcertantes extensiones del copyright son solo dos de las numerosas excusas que se usan para prohibir publicaciones en determinados países. Para resolver el problema completamente, deberían excluirse del ámbito de aplicación del tratado todos los casos relativos a la legalidad de la distribución o transmisión de información, y sólo debería tener jurisdicción el país en el que opere el distribuidor o transmisor de la información.

En Europa, la gente que se opone a las patentes de software está trabajando activamente para cambiar el Tratado de La Haya. En EE. UU., el Consumer Project for Technology lidera la oposición. Para obtener más información, consulte http://www.cptech.org/ecom/jurisdiction/hague.html.

Hoy (6 de junio de 2001) comienza una conferencia diplomática que se ocupará de los detalles del Tratado de La Haya. Debemos hacer que los ministerios y el público tomen conciencia de los posibles peligros, tan pronto como sea posible.


Más información acerca de los problemas con La Haya en http://web.lemuria.org/DeCSS/hague.html.

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