Esta es una traducción de la página original en inglés.
Medidas que los gobiernos pueden adoptar para promover el software libre
por Richard Stallman
En este artículo se sugieren políticas útiles para poner un fuerte y firme empeño en la promoción del software libre en el estado, y conducir el resto del país hacia la libertad del software.
La misión del estado es organizar a la sociedad para la libertad y el bienestar del pueblo. Un aspecto de esta misión, en la informática, es exhortar a los usuarios de computadoras a adoptar el software libre.
El estado tiene que insistir en el uso de software libre para alcanzar la soberanía en el campo informático (control del estado sobre su propia computación). Todos los usuarios merecen tener el control de su informática, pero el estado tiene además la responsabilidad de mantener el control sobre toda tarea computacional que realiza en nombre de los ciudadanos. La mayoría de las actividades del gobierno actualmente dependen de la informática, y el control de esas actividades depende del control que el gobierno tenga sobre su computación. Para un organismo cuya misión es crítica, la pérdida de este control debilita la seguridad nacional.
Los organismos estatales que pasan al software libre también pueden obtener beneficios secundarios, como el ahorro de dinero y el fomento de empresas locales que ofrecen servicios de software.
En este texto, “entidades del estado” se refiere a todos los niveles de gobierno, y significa organismos públicos tales como escuelas, asociaciones mixtas público-privadas, actividades financiadas en gran parte por el estado como las escuelas privadas subvencionadas y las corporaciones “privadas” controladas por el estado o establecidas con privilegios o funciones especiales por el estado.
La política más importante es la que se refiere a la educación, porque la educación es lo que plasma el futuro del país:
- Las actividades educativas, al menos las de entidades estatales, deben enseñar únicamente software libre (en ningún caso deben inducir a los alumnos a usar un programa privativo), y deben enseñar además los motivos cívicos por los cuales se insiste en el uso exclusivo de software libre. Enseñar el uso de un programa privativo es enseñar la dependencia, lo cual es contrario a la misión de la escuela.
Son también cruciales las políticas del estado que afectan el tipo de software utilizado por individuos y organizaciones:
Las leyes y las prácticas del sector público deben ser modificadas de modo tal que nunca exijan o ejerzan presión sobre los ciudadanos u organizaciones para que utilicen un programa privativo. También deben desalentar prácticas de comunicación y publicación que lo impliquen (incluyendo la gestión digital de restricciones).
Cuando una entidad del estado distribuye un programa al público en general, incluyendo programas incorporados o especificados en sus páginas web, dicho programa debe ser distribuido como software libre, y tiene que funcionar en un entorno 100% libre.
Los sitios web y los servidores de las entidades estatales tienen que ser diseñados para que funcionen correctamente con entornos 100% libres en la computadora del usuario.
Las entidades estatales deben utilizar sólo formatos de archivos y protocolos de comunicación que sean bien soportados por el software libre, preferiblemente con las especificaciones publicadas (En este caso no hablamos de “estándares” porque lo dicho se aplica también a las interfaces no estandarizadas). Por ejemplo, no se deben distribuir vídeos ni archivos de audio en formatos que requieran el uso de Flash o de códecs que no sean libres, y las bibliotecas públicas no deben distribuir obras con una gestión digital de restricciones.
Varias políticas afectan la soberanía informática del estado. Las entidades estatales deben mantener el control de la informática, no ceder el control a manos privadas. Estos puntos se aplican a todos los equipos, incluidos los teléfonos inteligentes.
Las entidades estatales tienen que migrar al software libre, y no deben instalar ni seguir usando ningún programa privativo salvo con una autorización excepcional y temporal. Una sola agencia debe estar autorizada para otorgar tales excepciones temporarias, y lo hará sólo cuando se presenten razones de peso. El objetivo de la agencia será el de ir reduciendo el número de excepciones hasta llegar a cero.
Cuando una entidad estatal financia el desarrollo de una solución informática, el contrato debe estipular que la solución se entregue como software lbre y que pueda ejecutarse en un entorno 100% libre. Todos los contratos deben estipular estas condiciones, de manera que si el desarrollador no cumple con los requisitos, no se podrá proceder al pago por el trabajo realizado.
Cuando una entidad estatal compra o alquila computadoras, tiene que elegir entre los modelos de esa categoría, aquel que más se adapte a funcionar sin software privativo. Para cada categoría de computadoras, el estado debe mantener una lista de modelos autorizados según este criterio. Los modelos que estén disponibles para el público deben tener prioridad sobre aquellos que estén disponibles sólo para el estado.
El estado debe negociar activamente con los fabricantes para procurar la disponibilidad en el mercado (para el estado y para el público) de productos hardware adecuados que funcionen correctamente sin ningún tipo de software privativo, en todas las categorías pertinentes de productos.
El estado debería invitar a otros estados a unirse para negociar con los fabricantes sobre el asunto de la disponibilidad de hardware adecuado. Unidos tendrán mayor influencia.
La soberanía (y la seguridad) informática del estado depende del control que ejerza sobre las computadoras que utiliza para llevar a cabo su labor. Para ello es necesario evitar el uso del software como servicio, a menos que el servicio esté a cargo de una entidad estatal que pertenezca a la misma rama del estado, como así también evitar otras prácticas que disminuyen el control que el estado ejerce sobre la informática. Así,
- Toda computadora usada por el estado debe pertenecer o ser arrendada por la misma rama del estado que la utiliza, y esa rama no debe ceder a terceros el derecho de decidir quién tiene acceso físico a la computadora, quién puede realizar el mantenimiento (del hardware o del software), ni qué software se debe instalar. Si la computadora no es portátil, durante su uso deberá estar ubicada en un espacio físico propio del estado (como dueño o como inquilino).
Otra política con respecto al desarrollo de software tanto libre como privativo:
El estado debe estimular a los desarrolladores a crear o mejorar el software libre existente, y ponerlo a disposición del público. Por ejemplo, mediante desgravaciones fiscales y otros incentivos económicos. Por el contrario, no se deberán otorgar incentivos para el desarrollo, la distribución o el uso de software que no sea libre.
En particular, no se deberá permitir que los desarrolladores de software privativo realicen “donaciones” de copias a las escuelas, ni que soliciten un reembolso por el valor nominal del software. El software privativo no es legítimo en las escuelas.
Con estas medidas, el estado puede recuperar el control de la informática y conducir a los ciudadanos, empresas y organizaciones hacia el control de su propia informática.